La cámara laboral avaló la demanda de una trabajadora quién se consideró despedida como consecuencia de trato hostil y persecutorio. Ver fallo completo
Ratificando una tendencia que recepta las figuras de acoso y violencia laboral, la cámara del trabajo avaló el despido de una trabajadora quién se consideró despedida por la conducta persecutoria y el trato hostil dispensado por su empleador.
La decisión adoptada por lo jueces resulta sumamente importante dado que viene a formar parte de sucesivos pronunciamientos que
amplían el concepto de "injuria laboral" a situaciones que anteriormente no tenían ese carácter.
En este escenario, y de consolidarse esta tendencia, las “presiones” u “hostigamientos” denunciados
podrían habilitar a los trabajadores a considerarse despedidos y reclamar indemnizaciones por esas censantías.
Las figuras de acoso o violencia laboral son muy recientes en la Justicia argentina y surgieron de la propia doctrina de los jueces, ya que actualmente
no están reguladas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).No obstante, ya hay evidencias de un avance. En noviembre pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que reglamenta el mobbing en el ambiente laboral (ver nota “
El Senado apura el debate de la polémica ley de acoso laboral”).
Las empresas se encuentran particularmente interesadas en que esta problemática figura se encuentre regulada por una ley que establezca
qué tipos de situaciones serían configurativas del mobbing, a fin de despejar la actual situación de incertidumbre que genera el vacío legal.
En la causa “Barrios Zulma c/ Hípica Buenos Aires S.A. s/ despido” (ver
fallo completo provisto por elDial.com) los magistrados indicaron que la trabajadora había demostrado la “
conducta persecutoria” que había adoptado su empleadora en los últimos meses de la relación laboral y consideraron que esa persecución era una
“injuria suficiente como para justificar el despido indirecto en el que se colocó la trabajadora”. Opinión
Gustavo Gallo, titular de Gallo & Asociados destacó que los casos de mobbing generan un
aumento en los costos laborales porque los jueces consagran una indemnización adicional a las tarifadas establecidas en la LCT, en concepto de resarcimiento del daño moral.
El abogado también destacó que los magistrados tienen un criterio muy “benévolo” a la hora de valorar las pruebas en las condenas por mobbing, formando convicción en base a presunciones e indicios.
Fernando Cortés, miembro de De Diego & Asociado indicó los jueces en estos fallos
amplían el concepto de injuria laboral habilitando a los trabajadores a considerarse despedidos ante situaciones que antes no justificaban el despido.
Por eso, recalcó la importancia de modificar la legislación laboral e incorporar estas figuras para cubrir el vacío legal que hoy existe sobre este tema.
Cortés advirtió que para prevenir este tipo de reclamos, las empresas
confeccionan códigos de ética donde establecen qué conductas deben observar sus empleados jerárquicos superiores en el trato dispensado al personal de menor jerarquía que se encuentra a cargo de aquellos.
El Congreso, demoradoPese a que en noviembre pasado la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto reglamentario del mobbing, otras siete iniciativas han perdido recientemente estado parlamentario a causa de que no lograron avanzar en el trámite legislativo. (ver nota “
Mobbing: siete proyectos clave naufragan en el Congreso”).
Se trata de iniciativas que, en su mayoría, fueron ingresadas en el período legislativo de 2006 y no han logrado ni siquiera dictamen en comisión. Por este motivo, caducaron al haber transcurrido más de dos años desde su presentación.
En todos los casos estas iniciativas
incorporaban el mobbing como una injuria laboral susceptible de generar un despido sin causa; disponían la extensión de responsabilidad del empleador por los casos de acoso que protagonicen terceros dentro de la empresa y consagraban la imposibilidad de despedir a un empleado que denuncie una situación de persecución dentro de la compañía.
Los proyectos que perdieron estado parlamentario trataban sobre las siguientes cuestiones:
- Proyecto del diputado Esteban Bullrich (PRO): ingresó a Diputados el 30 de mayo de 2006 y fue girado en estudio de la Comisión de Legislación Laboral. Incorporaba el “acoso moral laboral” en el capítulo de la ley 20744 que regula los derechos y deberes de las partes.
Dentro del contexto, la iniciativa se presentaba como una de las más favorables para las empresas ya que establecía que para que prosperase el planteo de acoso moral el trabajador debía probar que la afección denunciada no era consecuencia de antecedentes o influencias ajenas al ámbito laboral.
- Proyecto de la diputada Juliana Marino (Frente para la Victoria – PJ Capital): fue presentado el 31 de mayo de 2006 y girado a la Comisión de Legislación del Trabajo. Se trataba de una "Ley de Violencia Laboral" cuya aplicación se extendía a las relaciones laborales tanto del ámbito privado como público.
El proyecto definía como violencia laboral a “toda acción ejercida sobre un/una trabajador/a por personal jerárquico que atente contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social de aquél/aquélla mediante amenaza, intimidación, abuso de poder, acoso, acoso sexual, maltrato físico o psicológico y social u ofensa ejercida sobre un/a trabajador/a”.
Asimismo, consideraba como violencia laboral la “inequidad salarial” o disparidad salarial entre hombres y mujeres que, en el mismo establecimiento, ejercen funciones equivalentes en igualdad de condiciones.
- Proyecto del diputado Osvaldo Nemirovsci (Frente para la Victoria -PJ Rio Negro): ingresó en Diputados el 24 de mayo de 2006 y también fue girado a la Comisión de Legislación del Trabajo. Buscaba incorporar a la Ley de Contrato de Trabajo el artículo 242 bis que califica el acoso moral en el ámbito laboral como un “caso especial de injuria laboral” y con ello la habilitación para que un trabajador que haya sido víctima de mobbing pueda demandar de su empleador las indemnizaciones que correspondan por la extinción del vínculo laboral.
- Proyecto de las diputadas Elisa Carrió y Marcela Rodríguez (ARI Capital): fue presentado el 6 de marzo de 2006 y girado a las comisiones de Legislación del Trabajo y Justicia de Diputados. Recibió moción de preferencia. La iniciativa impedía no sólo despedir al trabajador que alegaba haber sido objeto de acoso laboral o persecución psicológica sino también a los empleados que hubieran sido testigos del mismo. Es decir, instauraba una suerte de “indemnidad” de trabajadores en esas situaciones.
- Proyecto de la senadora Haide Giri (Frente para la Victoria-PJ Córdoba): condenaba la violencia laboral ejercida mediante la amenaza, abuso de poder, inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico o social. Además disponía que el despido sin justa causa del trabajador obedecía a razones de represalias, cuando fuese dispuesto dentro de un año posterior a la denuncia cursada por la víctima de las acciones de violencia laboral denunciadas.
- Proyecto del senador Gerardo Morales (UCR Jujuy): Al igual que en los proyectos de Carrió y Rodríguez, incluía un artículo para prevenir lo que en el derecho anglosajón se conoce como "retaliation": se prevía que quien haya sido víctima o testificado en algún caso de los enunciados por la ley no puede sufrir perjuicios laborales como represalia de ello.
- Proyecto de la senadora Ada Maza (Frente para la Victoria-PJ La Rioja): buscaba sancionar toda acción que implicara un abuso de poder ejercido en el ámbito laboral sobre un trabajador que atente contra su dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social.
Al igual que el proyecto de Marino, pretendía incorporar el concepto de "inequidad salarial" como un acto de violencia laboral. También disponía que los empleadores eran solidariamente responsables por las acciones de violencia laboral que ejercieran sobre sus empleados superiores o terceros.
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